Comunicado conjunto de EuroCitizens (British in Europe) y the3million

El reciente titular de El País –España quitará los derechos a los residentes británicos si no obtiene igualdad de trato – pone en relieve la preocupante situación de los 350.000 británicos en España y los 150.000 españoles en el Reino Unido y el hecho de que seguimos siendo moneda de cambio en las negociaciones. La incertidumbre para los cinco millones de afectados no hace más que aumentar, a tan solo cuarenta días para un probable Brexit sin acuerdo. Ambos gobiernos y la Comisión Europea han repetido hasta la saciedad que garantizarán nuestros derechos. La realidad es muy diferente.

Los derechos de los españoles residentes en el Reino Unido están lejos de ser garantizados. El sistema, denominado ‘Settlement Scheme’, implica que todos los residentes en el Reino Unido pre-Brexit deban presentar una solicitud para obtener un nuevo estatus migratorio, dejando en una situación irregular a aquellas personas que no consigan dicho estatus antes del fin de 2020. Desde the3million venimos exigiendo que el reconocimiento de nuestros derechos se base en un sencillo sistema declaratorio que confirme nuestros derechos en vez de tener que solicitar, y poder perder, el nuevo estatus.

Por otra parte, el sistema distingue entre ciudadanos con derecho a la residencia temporal (hasta cinco años) y residencia permanente (para aquellos ciudadanos con más de cinco años de residencia). La residencia temporal es un estatus inferior con, por ejemplo, ausencias de sólo seis meses del país y menos derechos. Las cifras del Home Office muestran que el porcentaje de residentes a los que se está otorgando la residencia temporal es desproporcionadamente alto —muchos residentes de larga duración podrían estar obteniendo el estatus equivocado, lo cual resultaría en una merma de sus derechos.

Además, el Home Office opera lo que se denomina oficialmente un ‘ambiente hostil’, por el cual los extranjeros que no puedan demostrar sus derechos pueden perder el acceso al trabajo o vivienda, ver sus cuentas bancarias congeladas etc. Los ciudadanos españoles y europeos residentes en Reino Unido pre-Brexit corremos el riesgo de sufrir discriminación bajo este sistema y tener problemas en muchos ámbitos de nuestras vidas diarias, maximizado por la negativa del gobierno de expedir un documento físico como prueba de residencia. Finalmente la normativa que regula el ‘Settlement Scheme’ ha sido aprobada sólo por reglamento y no por ley, y puede ser cambiada en un futuro sin escrutinio por parte del Parlamento.

El gobierno español ha ideado un proceso mucho más sencillo para cambiar el estatus de los británicos en España de ciudadanos europeos a nacionales de un tercer país. Según el Decreto Ley 5/2019 el procedimiento será declaratorio, aunque puede haber problemas en ciertas provincias con muchos residentes del Reino Unido y para los colectivos más vulnerables. Esto sólo se verá con la salida del RU de la Unión Europea y el comienzo del periodo de gracia de veintiún meses. No obstante, lo más preocupante para los británicos es que todo en el Decreto Ley dependa de la reciprocidad en varios ámbitos de colaboración (no sólo la ciudadanía). Tras la reciente reunión de Borrell y Barclay, parece que los gobiernos no tienen nada claro lo que es la reciprocidad.

Asimismo, tras pasar al régimen general de extranjería, los británicos perderán importantes derechos básicos ‘europeos’ como la no-discriminación y el libre movimiento dentro de la UE. La reagrupación familiar también se hará mucho más difícil para las personas que quieran traer sus padres mayores a España y los residentes de larga duración sólo podrán ausentarse de España doce meses (en vez de los dos años para comunitarios y los cinco años para residentes ‘permanentes’ en el RU ). Otro problema es que los británicos que sean familiares de comunitarios tras el Brexit pueden verse obligados a pedir la residencia temporal a pesar de llevar muchos años residiendo en España. Finalmente, para los nacionales del RU en España, no existe la doble nacionalidad, algo que dificulta esta vía de garantizar los derechos.

Es por todo ello que ambas organizaciones hacemos un llamamiento para que nuestros derechos se vean garantizados y con el nivel de cobertura acordado en el capítulo de derecho de los ciudadanos del Acuerdo de Retirada que el Reino Unido y la Unión Europea acordaron en 2018. Es la única manera de preservar todos nuestros derechos con total cobertura, incluso aunque no se llegue a un acuerdo general en otras materias relacionadas con el Brexit.



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